ProHuerta

El largo camino del agua

En la Argentina, más de 7 millones de personas no acceden al agua debido a deficiencias de infraestructura y problemas de contaminación o disponibilidad del recurso. Con cientos de proyectos especiales en marcha, el programa ProHuerta se propuso resolver ese problema para miles de familias.

Por Pablo María Sorondo
El programa ProHuerta se propuso resolver ese problema para miles de familias

Lo intentaron una, dos, tres veces. Más de diez, de veinte. Más de treinta. Ninguna de las 36 perforaciones que hicieron les dio resultado. Solo en una oportunidad encontraron agua: había buen caudal, pero el elevado nivel de arsénico los desalentó. En este árido paraje chaqueño, a unos treinta kilómetros de ripio de Machagai, la comunidad de la escuela-albergue EFA Nº 146 buscaba, desde el año 2009, resolver un problema elemental: acceder al agua.

A ese establecimiento de Colonia Tres Palmas asisten 171 alumnos de las zonas rurales aledañas. Algunos recorren más de 65 km para llegar. “El agua es fundamental, sobre todo cuando en la escuela se busca un fin educativo”, dijo la directora Mirna Dolce, quien hoy muestra con orgullo la gran huerta comunitaria y el gallinero de la escuela, donde los estudiantes aprenden sobre labores agrícolas para recibir su diploma de bachiller con orientación en agro y ambiente.

Es que entre la treintena de perforaciones frustradas y la huerta bien regada existió un proyecto especial del ProHuerta −el programa que hace 27 años conducen el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS) y el INTA−: construyeron dos cisternas de 100.000 litros de capacidad de almacenamiento cada una, con los sistemas de captación de agua de lluvia y distribución en las instalaciones, para brindar acceso al agua para uso integral para toda la comunidad escolar.

“Los proyectos especiales son actualmente una de las estrategias más relevantes del ProHuerta, con un enorme potencial que intensifica las capacidades de todo el INTA” (Diego Ramilo).

“Nos viene de maravilla −expresó Dolce−, de otra forma, no tendríamos acceso al agua”. La escuela contaba con un histórico aljibe, que dejó de ser de ayuda cuando las lluvias comenzaron a mermar en esa localidad y cuando el número de alumnos creció de manera exponencial. Todo aquello que habían logrado, ya no les resolvía la problemática.

El de la escuela de Colonia Tres Palmas es apenas un ejemplo entre cientos.

Muy lejos de allí, en otra escuela −la N° 948 de la localidad misionera de Ruiz Montoya−, 233 personas de la comunidad Mbya Ñamandú mejoraron su calidad de vida mediante el acceso a servicios básicos de agua domiciliaria, gracias a obras como perforaciones completas con sistema de bombeo, zanjeo e instalación de redes con depósitos individuales.

En las localidades de Barranquitas, Palo Cruz, las Peñas y El Jumeal −donde hay una escuela rural− se construyeron doce cisternas para un total de 110 personas, de las cuales 78 son menores de edad. En Chubut, 12 familias mapuche-tehuelches de los parajes Tramaleo y Loma Redonda, muy alejadas de centros poblados, obtuvieron instalaciones para provisión de agua segura domiciliaria, para riego y consumo animal. En Córdoba, 40 familias de Serrezuela y Paso Viejo implementaron tecnologías probadas como perforaciones someras, desarenadores y bordos de nivel y ahora cuentan con agua para producir verduras agroecológicas durante todo el año.

 

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En Juella, Jujuy, 119 familias se beneficiaron con el abastecimiento continuo de agua para riego, gracias al mejoramiento integral de la infraestructura local, con una red de conducción en el tramo del Cardonal hasta el paraje Pampa Grande. Otros veinte sistemas de riego se instalaron en Molinos, Salta, para que igual cantidad de familias tengan agua segura y aumenten un 30 por ciento su producción de frutales.

La lista completa de estas iniciativas podría conformar un extenso catálogo: en 2017, el ProHuerta aprobó 449 proyectos especiales enfocados en distintas temáticas de desarrollo rural, con una inversión de 135,4 millones de pesos, que mejorarán la calidad de vida de más de 27.000 familias. De ese total, 179 proyectos pertenecen a la línea de acceso al agua. A su vez, durante la primera convocatoria realizada por el programa en 2016, los proyectos especiales aprobados fueron 167 −entre ellos, 52 de acceso al agua−, para los que se invirtieron 34,3 millones de pesos.

“Para lograr una transformación de los territorios debemos apalancar instrumentos de políticas públicas, entendidos como financiamiento para potenciar nuestras actividades de extensión" (Diego Ramilo).

“Los proyectos especiales son actualmente una de las estrategias más relevantes del ProHuerta, con un enorme potencial que intensifica las capacidades de todo el INTA”, dijo Diego Ramilo, a cargo de la Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión del instituto. Según afirmó, se trata de “una herramienta que aborda diversas líneas temáticas clave desde cuatro ejes transversales −equidad de género, adaptación al cambio climático, biodiversidad y organización− y junto con las comunidades en los territorios, que son consideradas en toda su complejidad”.

Con casi tres décadas de trayectoria, el ProHuerta suma casi 2,8 millones de beneficiarios en todo el país, con un total de 465 mil huertas agroecológicas familiares, escolares y comunitarias gracias a una red federal de 7.500 promotores voluntarios y acciones coordinadas con más de 3.000 organizaciones. Nacido en los 90 como estrategia de contención social, el programa evolucionó para constituirse como un instrumento de política pública que hoy aborda el desarrollo rural de manera integral.

“El acceso al agua es un derecho, está incluido entre las metas del milenio y, al ser una demanda tan sentida, es una prioridad del programa”, dijo Ana María Volpato, subsecretaria de Políticas Alimentarias del MDS. Para la funcionaria, el objetivo es claro: “Garantizar el acceso al agua en tanto derecho fundamental de las personas de nuestro país y, a partir de esa meta, empezar a mirar las cuestiones que tienen que ver con el hábitat y la producción”.

Por una parte, Volpato destacó que “solucionado esta problemática se satisfacen necesidades productivas, reproductivas y de salud”, al advertir que “gran parte de la población vulnerable se está abasteciendo de fuentes contaminadas y eso genera enfermedades continuamente, con un costo de salud asociado”. Por otra parte, agregó la subsecretaria, sería inviable proyectar “una mejora productiva si no tenemos agua para regar o abastecer a los animales que estamos criando”. Del mismo modo, Volpato se refirió a la situación crítica de muchas personas que deben dedicar buena parte de su tiempo al acarreo de este recurso, a menudo a través de grandes distancias. “Las mujeres en el medio rural y los chicos llegan a destinar hasta dos horas por día o más para abastecerse de agua para uso doméstico y productivo”, señaló Volpato, para quien “estos proyectos dan la posibilidad de llevarles soluciones concretas”.

“El acceso al agua es un derecho, está incluido entre las metas del milenio y, al ser una demanda tan sentida, es una prioridad del ProHuerta" (Ana María Volpato).

De acuerdo con Ramilo, este contexto enriquece los programas de desarrollo territorial: “Se fortalece un proceso de innovación dentro del INTA que implica el trabajo coordinado de la investigación, la extensión, las relaciones institucionales y la vinculación tecnológica”.

En este contexto, consideró el coordinador, buena parte del éxito de estos proyectos se debe a la adecuación de todos los procesos administrativos y de asistencia para la presentación, evaluación y monitoreo de los proyectos, así como para facilitar la ejecución de los fondos asignados. ¿Cuál es el detrás de escena de estos complejos engranajes institucionales? ¿Cómo es el mecanismo por el cual un formulario que va y viene llega a convertirse en cisterna, bomba, tanque, cañería, regador? ¿De qué manera los circuitos del papeleo, con sus firmas y sellados, consiguen llevar agua a los parajes más postergados de la Argentina?

Un logro de la buena gestión

El acceso al agua es un derecho y es una prioridad del ProHuerta

Definido como prioridad por el Ministerio de Desarrollo Social y asumido como decisión estratégica desde la Dirección Nacional del INTA, la nueva etapa del ProHuerta se propuso terminar de integrar al programa en la estructura del instituto. “Esto significa que la responsabilidad de la ejecución y el cumplimiento de los objetivos del programa son una responsabilidad institucional”, explicó Ramilo.

En este marco, estos instrumentos se integran con los Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET), descritos como “plataformas de innovación donde se organizan las capacidades de los componentes institucionales con una mirada prospectiva de corto y mediano plazo”.

“Latinoamérica cuenta con el 6 por ciento de la población mundial, el 12 por ciento del territorio y un tercio del agua. Es decir que los recursos hídricos de la región son unos de los más importantes del mundo” (Alicia Fernández Cirelli).

Para Ramilo, el potencial de esta herramienta es enorme en tanto y en cuanto logre eludir procesos ineficientes que demoren su aprobación: “Estos proyectos tienen una velocidad de aprobación inédita. Una vez formulados y evaluados por comisiones de especialistas temáticos. Luego pasan por una mesa de priorización política del MDS y del INTA. En el término de dos meses se encuentran aprobados y con financiamiento y ejecución en el territorio”, destacó el coordinador del INTA, quien añadió: “Esto, en términos de política pública, es todo un logro de las buenas prácticas de gestión”.

La coordinadora nacional del ProHuerta, Laura Tanzariello, suscribió a esa posición y recordó: “Antes los proyectos tardaban por lo menos dos años en salir. Hoy estamos logrando velocidades de aprobación mucho más importantes gracias a los procesos intensivos de evaluación”. A su vez, explicó que las diferentes líneas temáticas −acceso al agua para uso integral, valor agregado en origen, comercialización, producción pecuaria, producción frutihortícola, granja para venta, cultivos locales, educación, comunicación y energías renovables− “fueron definidas y priorizadas por el MDS a partir de una serie de problemas y demandas que tienen hoy los territorios, que nos plantean los propios productores”.

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En ese sentido, Tanzariello aclaró que “si bien los proyectos especiales solo pueden ser presentados por técnicos del INTA, implican una demanda en función de un proyecto participativo con la propia población involucrada”. Una vez reconocido el problema, las soluciones se construyen combinando el conocimiento tácito del territorio y los productores con el conocimiento científico de los especialistas. “Se encuentra la solución más adecuada, se elabora el formulario y se presenta formalmente un proyecto detallado y presupuestado, que especifica quiénes son los participantes, qué rol cumple cada uno y cuáles son los plazos de la ejecución”.

“Las mujeres en el medio rural y los chicos llegan a destinar hasta dos horas por día o más para abastecerse de agua para uso doméstico y productivo” (Ana María Volpato).

Desde cualquier punto del país los extensionistas hacen llegar sus propuestas a la coordinación nacional, que organiza comisiones de evaluación temática a cargo de especialistas multidisciplinarios. Desde el momento de su presentación, todos los proyectos son monitoreados mediante un sistema informático que permite su seguimiento preciso. “Cada evaluación asigna un puntaje y, en función de esas consideraciones, los proyectos pueden aprobarse o devolverse con sugerencias y propuestas de mejora para que vuelvan a ser presentados”, dijo Tanzariello, quien recordó que en la última convocatoria se postularon más de mil propuestas.

Cada proyecto tiene un referente técnico encargado de su implementación integral, desde la compra de insumos hasta el monitoreo de avances, incluyendo todos los procesos organizativos implicados, de manera conjunta con la comunidad involucrada.

“Si realmente queremos lograr una transformación de los territorios”, afirmó Ramilo, “debemos apalancar instrumentos de políticas públicas, entendidos como financiamiento para potenciar nuestras actividades de extensión, en especial con poblaciones de estas características”.

 

Impactos: un proyecto, entre cientos

Durante décadas, las doce familias de “crianceros” trashumantes que viven a la vera del arroyo Poñiwe, a 135 kilómetros de Malargüe (Mendoza), usaron ese cauce como fuente principal de abastecimiento de agua. “Tomamos agua del arroyo de siempre”, explicó el puestero Antonio Saso, nacido y criado en ese paraje. “Pero igual no es buena esa agua”, agregó, ya que “cuando hay tormenta baja puro barro y muchos animales se mueren arriba”.

Esa comunidad fue parte de un proyecto especial del ProHuerta, en el que también participaron diversas organizaciones locales, involucrados en cada paso, desde los análisis fisicoquímicos para comprobar la potabilidad del agua de la vertiente hasta la compra de cañerías, tanques y demás, pasando por la medición del caudal y la planimetría.

“Con este proyecto abastecemos de agua potable a una comunidad de ocho puestos, con unas 12 familias que suman 60 personas, entre grandes y chicos”, dijo Javier Macario, especialista en recursos renovables para zonas áridas y jefe de la agencia de extensión rural del INTA en Malargüe. Macario es, además, el referente técnico de este proyecto especial.

“Los países que tienen menor poder adquisitivo, mayor porcentaje de vulnerabilidad alimenticia, menor esperanza de vida y mayor mortalidad infantil son los que poseen un menor porcentaje de acceso al agua potable” (Alicia Fernández Cirelli).

Primero, el trabajo implicó realizar un sistema de captación de vertiente, con una protección, para que el agua llegue al primer tanque de recepción en condiciones óptimas. “El agua limpia va luego a una planta cloradora y sigue a tres tanques de 5.000 litros de reserva. Desde ahí recién sale el agua potable, clorada, que va a abastecer a cada uno de los tanques familiares”, explicó el técnico. Según Macario, la obra tuvo “un gran impacto en la salud y el bienestar de la gente”, debido a que “tener agua disponible y en condiciones para poder ser usada puede ayudar mucho al arraigo del productor local”.

“El proyecto está lindo”, dijo Saso, quien aseguró que lo ayudaron entre todos. Además, resaltó que la comunidad venía soñando con aprovechar esa vertiente desde que él era niño: “Siempre decíamos que algún día la íbamos a tener. Y ahora la tenemos: el agua en mi puesto y en el de todos los vecinos”.

 

Más información:

Mirna Dolce, dolcemirna@gmail.com
Ana María Volpato, amvolpato@desarrollosocial.gob.ar
Diego Ramilo, ramilo.diego@inta.gob.ar
Laura Tanzariello, tanzariello.laura@inta.gob.ar
Javier Macario, macario.javier@inta.gob.ar
Alicia Fernández Cirelli, afcirelli@gmail.com
Miguel Ángel Blesa, miblesa7@gmail.com
José Galizia Tundizi, jgt.iie@iie.com.br
Nicolás Wertheimer, info@aguasegura.com.ar